En las operaciones de helicópteros de transporte —ya sea offshore, HEMS, SAR, corporativo VIP o transporte comercial— el Comandante de Aeronave asume un rol central no solo operacional, sino también jurídico. La legislación chilena y la normativa aeronáutica (DAN 91, DAN 119/121, Código Aeronáutico) asignan responsabilidades civiles y penales específicas que el piloto debe comprender plenamente.
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1. El Comandante como máxima autoridad a bordo
El Código Aeronáutico chileno establece que el Comandante es la autoridad suprema en la aeronave durante el vuelo. Esto implica que sus decisiones tienen efectos operacionales, administrativos y legales.
Debe garantizar:
- La seguridad del vuelo.
- El cumplimiento de la normativa DGAC.
- El resguardo de los pasajeros, tripulación y carga.
Cuando asume el mando, también acepta responsabilidad directa sobre las consecuencias de sus actos.
2. Responsabilidad civil del Comandante
La responsabilidad civil se refiere al deber de resarcir daños que puedan generarse por acción u omisión negligente durante la operación.
El Comandante puede incurrir en responsabilidad civil por:
- Aterrizajes en zonas no aptas que generen daños.
- Fallas en supervisar carga, combustible o peso y balance.
- Operación temeraria en condiciones meteorológicas adversas.
- Omisión de procedimientos de seguridad establecidos.
Aunque la empresa normalmente posee seguros, la responsabilidad profesional del Comandante puede influir en procesos judiciales o administrativos posteriores.
3. Responsabilidad penal: cuando el error se convierte en delito
Además de responsabilidad civil, un Comandante puede enfrentar responsabilidad penal si su conducta constituye delito según el Código Aeronáutico o el Código Penal.
Ejemplos de conductas penalmente relevantes:
- Volar bajo los efectos de alcohol o sustancias prohibidas.
- Incumplir deliberadamente normas DGAC que comprometan la seguridad.
- Negligencia grave que resulte en accidente con daños o víctimas.
- Falsificación u omisión intencional en bitácoras, reportes o manifiestos.
- Operar fuera de los límites aprobados (peso, meteorología, performance).
La responsabilidad penal puede incluir multas, suspensión de licencia e incluso penas privativas de libertad.
4. Responsabilidad administrativa ante la DGAC
La DGAC puede aplicar sanciones administrativas cuando el Comandante infringe normativa técnica u operacional. Estas sanciones pueden incluir:
- Multas administrativas.
- Suspensión temporal de habilitaciones.
- Revocación de licencias en casos graves.
- Exigencia de cursos de reentrenamiento o simulador.
Los incidentes deben ser reportados conforme al programa SMS y al Reglamento de Investigación de Accidentes.
5. Factores que agravan o atenúan la responsabilidad del Comandante
Entre los factores agravantes destacan:
- Ignorar advertencias ATC o de la tripulación.
- Operar en estado de fatiga sin declararlo.
- Falta de preparación previa al vuelo.
- Desvíos injustificados del SOP o POH.
Y entre los atenuantes:
- Actuar bajo condiciones extremas o de emergencia.
- Aplicar correctamente procedimientos de mitigación.
- Demostrar diligencia y registro detallado en bitácoras.
La calidad del juicio del Comandante es un elemento central en cualquier investigación.
6. Buenas prácticas para reducir exposición jurídica
- Cumplimiento estricto de SOP y POH.
- Revisión minuciosa de peso, balance y performance.
- Planificación operacional conservadora.
- Comunicación clara con copiloto y personal de tierra.
- Reportes SMS oportunos para mitigar riesgos futuros.
- Participación activa en entrenamiento recurrente y CRM.
- Mantener documentación y bitácoras al día.
La responsabilidad jurídica recae en gran medida sobre las decisiones previas al vuelo y la capacidad de anticipación del piloto.
Conclusión
El Comandante de un helicóptero de transporte sostiene una doble responsabilidad: civil y penal. Su rol implica decisiones críticas que afectan personas, empresas y el cumplimiento normativo. Conocer sus obligaciones legales, actuar con criterio profesional y mantener altos estándares de seguridad es esencial para evitar consecuencias jurídicas severas.
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